(SEGUNDA PARTE)
El terreno ganado tras tomar las calles para expresar las preferencias sexuales abrió el camino para otros cambios en apoyo a la comunidad LGBT+, aunque la mentalidad discriminatoria no desapareció por completo y la solución a otras problemáticas sigue pendiente.
La marcha gay en Torreón siguió en ascenso desde su primer año y sólo durante la pandemia por el COVID-19 hubo una pausa.
Raymundo Valadez Andrade, fundador de Proyecto Por Ti Asociación Civil, relata que la primera manifestación en 2008 surgió por inquietud de un amigo, Fermín Antonio Vázquez, quien dos años después fue asesinado en la colonia La Constancia. Le generaron múltiples lesiones en su cuerpo con una botella rota.
“Él me insistía: haz una marcha y yo le decía no, nadie va a ir, no va a pasar nada. Tanto jodió que hice la marcha y hoy vamos en la edición número 15 y hoy reunimos más de 10 mil personas. Y bueno, a través de estos 15 años, han sido tantos los logros, por ejemplo que en el primer año, la gente lo veía con asombro, con morbo y ahora nos ovacionan, nos gritan: ¡viva la comunidad gay!, ¡viva la comunidad les! y eso es un gran logro”.
El activista rememora que en la primera convocatoria hubo pocos en el recorrido, pero también había otras personas que siguieron la marcha escondiéndose, tapándose en algún árbol, porque les daba vergüenza.
“Ahora llevo a mis sobrinos, a mi familia, porque ya no cabe la vergüenza”, destaca.
Dice que el avance que ha tenido esta convocatoria anual, se refleja en que pese a los negocios cerrados o la hora en que se acuerda para iniciar el recorrido, muchas personas de diversas edades y condiciones acuden a manifestar su apoyo.
No obstante, en Torreón persistieron diversas acciones que afectaron a esta comunidad y el 20 de marzo de 2018, la entonces diputada federal Flor Estela Rentería Medina presentó un punto de acuerdo por el que se exhortó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Ayuntamiento de Torreón, a fin de evitar las detenciones arbitrarias en contra de miembros de la comunidad LGBT+ en dicha entidad.
“La persecución a personas de la comunidad LGBT+ se ha convertido en una política pública transversal, donde ya sea en eventos privados, en lugares públicos, de día, de noche y bajo cualquier pretensión absurda, se han detenido en dos meses a más de 10 personas de la comunidad LGBT+ sin razón aparente”.
Además de esto, señaló que fueron clausurados distintos centros nocturnos frecuentados por esta comunidad.
Sin embargo, otro de los pendientes radica en la procuración de los delitos discriminatorios y agresiones.
POCA CULTURA DE DENUNCIA ENTRE LA COMUNIDAD
Con el avance de su proyecto de visibilización ‘Charlas Sin Etiquetas’, Arturo Junior fue dando a conocer su identidad como Andrómeda Dugay, vocera de la evolución de género e inclusión en la localidad.
A cinco años de lanzado el programa, hizo una pausa en 2021 debido a que fue objeto de amenazas que comprometían su integridad y su vida.
“En una entrevista que me estaban haciendo, me preguntaron cuál era la situación de homofobia en Torreón y yo, hablando desde mis privilegios (muy mal), dije: pues en Torreón y Coahuila, en general, no se vive tanto la homofobia”.
La amenaza se dio porque propuso en aquella entrevista que si las futuras generaciones podían ver a una persona caracterizada hablando en un medio de comunicación, representaría una esperanza para avanzar en el combate a la discriminación.
“La amenaza que llegó a mi número de teléfono personal, era que cómo iba a influenciar en esas generaciones, que yo solo era un payaso vestido como mujer, un animal, una bestia… Cito, tengo todos los recursos para que, cuando menos en lo personal, destruirte esa puta imagen y dejes de influenciar niños, te lo digo con todo el odio del mundo y con una bolsa llena de recursos para impedir o hacerte una vida imposible”, recuerda.
Comparte que la amenaza le generó cuadros de ansiedad al punto tal de que no tuvo el valor de presentar una denuncia ante las autoridades judiciales.
Sin embargo, gracias a su red de contactos o sus privilegios como él llama, tuvo cierta atención de parte de la Fiscalía de Coahuila, quienes le enviaban patrullas que realizaban rondines de vigilancia y fue hasta tres semanas después cuando acudió a interponer la denuncia.
“Cuando denuncié, hasta la fecha, no me han dado respuesta, porque mi caso fue especial, fue recomendado y aun así no hay respuesta. Me llamó mucho la atención de que, en la Fiscalía, yo ya estaba teniendo mucha ansiedad, porque parte de la atención de la Fiscalía es brindarte atención emocional o psicológica, pero la psicóloga de la Fiscalía me dijo que era una broma, que no le tomara tanta importancia porque no iba a pasar nada y dije ¿cómo? ¿no estás leyendo que era una amenaza?”.
Reconoció que la comunidad LGBT+ no recurre a las instancias judiciales para denunciar crímenes de odio y que no son como las colectivas feministas que, si a una le sucede algo, se unen para exigir justicia.
Adrómeda señaló que, aunque no existan denuncias de la comunidad LGBT+ en la región, no quiere decir que esté libre de homofobia.
En el marco del aniversario 115 de la ciudad de Torreón señala que falta más capacitación sobre diversidad sexual desde las autoridades judiciales hasta las instituciones sociales como las escuelas y se tiene que alzar la voz y promover la cultura de la denuncia entre la comunidad LGBT+.
JUSTICIA PARCIAL
La correcta tipificación de los crímenes de odio para la comunidad LGBT+ es uno de los grandes pendientes en Coahuila.
La investigación Homicidios LGBT+ en Coahuila: los asesinatos que no se cuentan, realizada por las periodistas Lucía Pérez Paz y Magda Guardiola como parte del Hub de Periodismo de la Frontera Norte, señala las carencias del Código Penal en esta entidad y cómo desde 2019 diversos grupos afines al movimiento han promovido la tipificación de los crímenes de odio.
Ante esta situación existe una cifra negra en estos delitos, aunque existen iniciativas civiles como el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT que tienen documentados desde 2014 a la fecha 14 asesinatos en Coahuila.
Sin embargo, en Torreón la sombra de la homofobia sigue latente entre la ciudadanía y se traduce en ocasiones a llamados para que las corporaciones de seguridad actúen de manera hostil.
El 27 de mayo de 2015 la comunidad LGBT+ realizó en la Plaza Mayor un “Besatón” o “Beso Masivo” para protestar contra la doble moral de un sector de la población que manifestó inconformidad cuando una pareja de mujeres se besó en ese paseo público.
En esa ocasión al menos un centenar de personas se sumaron a la protesta, aunque no fue la última vez que una corporación de seguridad molestó a una pareja homosexual por darse una muestra de afecto en la calle.
El 15 de agosto de 2021 elementos de la Policía de Torreón trataron de detener a dos jóvenes luego de que uno le diera un beso a la mejía al otro con el argumento de “faltas a la moral”. El 23 de agosto de ese mismo año la comunidad volvió a tomar la Plaza Mayor para extender que no hay nada de malo en estas acciones y exigir un alto a la discriminación.
Aunado a esto, la Universidad Iberoamericana Torreón denunció unos días después que dos de sus estudiantes fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Policía Civil de Coahuila cuando se dirigían al plantel.
“Además, se trata de un caso de discriminación por orientación sexual y expresión de género ya que los elementos de la Policía utilizaron expresiones de odio como “maricón” y “puto” al momento de dirigirse a Edgar, por lo que es muy claro que nos encontramos frente a un caso de homofobia”, expuso la institución en el comunicado en que narró lo acontecido el lunes 6 de septiembre.
AVANCES Y VISIBILIZACIÓN
La última década ha sido clave para la visibilización y reconocimiento de los derechos de las población LGBT+, lo cual no habría sido posible si no fuera por la lucha que diferentes colectivos emprendieron al respecto.
Entre los logros está que las parejas de mismo sexo pueden casarse, adoptar y también el cambio de identidad es una realidad, aunque falta por pulir en las instituciones algunos de estos temas.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Coahuila, Hugo Morales Valdés, estima que al año, reciben un promedio de siete a 10 quejas relacionadas con la comunidad LGBT+, pero de todo el estado.
“No son muchas, incluso algunas se van venido conciliando, particularmente las del año pasado que tuvieron que ver con procesos específicos de adopción que estaban interrumpidos por parejas que estaban pretendiendo tener este beneficio y que, desafortunadamente, había dado lugar a que algunos procesos se estuvieran dilatando”.
Precisa que en estos casos se señaló la actuación de algunos funcionarios de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y de ciertos juzgados.
Cabe señalar que, desde el 2014, año en el que el Congreso de Coahuila aprobó la adopción de parejas del mismo sexo, hasta agosto de 2022, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) reporta 14 adopciones entre parejas del mismo sexo en la entidad, según dio a conocer la propia dependencia a una solicitud de acceso a la información.
La Pronnif refiere que el 11 por ciento de las solicitudes de adopción que han recibido corresponden a parejas del mismo sexo, incluso de otros puntos del país como Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Durango y Sinaloa.
El tema de la visibilización de esta comunidad también presenta avances relevantes. La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 precisa que en Coahuila, 109 mil 457 coahuilenses mayores de 15 años reconocieron abiertamente su orientación sexual LGBT+ y que representa el 4.5 por ciento de los habitantes de este estado.
